Derecho y Servicios Públicos

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2006.
Vistos los autos: "Massa, Juan Agustín c/ Poder Ejecuti­vo Nacional - dto. 1570/01 y otro s/ amparo ley 16.986″.
Considerando:
1) Que la Sala IV de la Cámara Nacional de Apela­ciones en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó la sentencia de la anterior instancia Cque había hecho lugar a la acción de amparoC en lo relativo a la declaración de inva­lidez del decreto 214/02 y sus normas complementarias y modi­ficatorias, y respecto del reconocimiento del derecho de la parte actora sobre los fondos que tenía depositados en el Bank Boston en dólares estadounidenses. Al respecto, el tri­bunal de alzada ordenó a tal entidad bancaria que entregase a la actora la suma de cien mil dólares Co su equivalente en pesos para adquirir esa cantidad en el mercado libre de cam­biosC y la emplazó para que dentro de los treinta días de notificada esa sentencia presentara en autos un cronograma de pagos del monto que excediere aquel importe, el que no podría extenderse más allá del mes de septiembre de 2005 "previsto para la devolución de los depósitos en la originaria resolu­ción (M.E.) 6/02″ (fs. 155 vta.), imputando como pago a cuen­ta lo percibido en razón de la medida cautelar dictada en autos.
2) Que para decidir en el sentido indicado, el a quo citó precedentes de esa Sala en los que juzgó, en sínte­sis, que la normativa de emergencia referente a los depósitos bancarios Cen particular el art. 2° del decreto 214/02 y sus normas complementarias y modificatoriasC, al disponer la con­versión a pesos de los depósitos constituidos en moneda ex­tranjera a una paridad sensiblemente inferior a la del merca­do libre de cambios, provocó una mutación injustificada en la sustancia o esencia del derecho de los ahorristas, lo cual produjo una profunda y también injustificada lesión a su de­recho de propiedad.
3) Que contra tal sentencia, la entidad deposita­ria (Bank Boston NA) dedujo recurso extraordinario que fue concedido por el a quo en cuanto se encuentra en discusión la constitucionalidad del decreto 214/02 y sus normas complemen­tarias y modificatorias, y denegado en lo referente a la ta­cha de arbitrariedad (confr. auto de fs. 182/183).
4) Que el actor promovió este amparo en razón de ser titular de una caja de ahorros en dólares, abierta en el Bank Boston NA, cuyo saldo al 31 de diciembre de 2001 era de U$S 184.475,75 (confr. fs. 2/5, 7 y 31), que resultó afectada por las normas de emergencia dictadas en aquel momento (ley 25.561, decretos 1570/01, 71/02, 141/02 y 214/02, entre otras), a las cuales aquél tacha de inconstitucionales.
5) Que a raíz de la medida cautelar dictada en autos (fs. 42/43), el actor obtuvo la entrega de U$S 44.803 (fs. 49). Posteriormente, al haber obtenido sentencias favo­rables en primera y en segunda instancia, el accionante soli­citó su ejecución en los términos del art. 258 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, lo cual fue admitido por la cámara en el mismo auto por el cual concedió el recur­so extraordinario, en la medida en que su decisión fue con­firmatoria de lo resuelto en la anterior instancia. A fs. 188 consta la formación del incidente respectivo.
6) Que a partir de los últimos meses del año 2001 se produjo en la República Argentina una gravísima crisis Cde alcances nunca antes vistos en la historia de nuestro paísC que no sólo afectó a las relaciones económico‑financieras  sino que trascendió a todos los ámbitos sociales e institu­cionales. Por ser conocida, y por haber sido padecida de una u otra manera por todos los argentinos, resulta innecesario extenderse en la descripción de esa crisis.
7) Que en el contexto de la aludida situación de emergencia el Estado Nacional dictó medidas por las cuales se restringió la disponibilidad de los depósitos bancarios y se estableció la conversión a pesos de los efectuados en moneda extranjera (confr., entre otros, decretos 1570/01; ley 25.561 y decreto 214/02). Ello dio lugar a la promoción de una can­tidad extraordinaria de acciones de amparo por parte de quie­nes se sintieron afectados por tales medidas, lo cual generó una situación sin precedentes en los tribunales federales de todo el país. Muchas de esas causas se encuentran actualmente radicadas en la Corte.
8) Que en tales condiciones, corresponde que este Tribunal, como cabeza del Poder Judicial de la Naci&oacut